La Comisión Europea obedece a Monsanto y retira su maíz transgénico

Lo que no consiguieron grupos ecologistas, científicos, consumidores y ministros de medio ambiente y de agricultura lo consigue ahora la multinacional por una decisión comercial.

Las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria generan dudas entre los grupos críticos con los transgénicos.

El pasado 26 de enero, tal como se anunció en el boletín oficial de la Unión Europea, la Comisión Europea retiró su autorización al maíz transgénico de Monsanto catalogado como MON 863.

Esta variedad modificada genéticamente, polémica en el momento de su aprobación por parte del ejecutivo de Barroso, ha estado presente durante años en el mercado europeo a pesar de la oposición de comisiones científicas, de organizaciones ecologistas, de asociaciones de consumidores y de gran parte de los ministros de agricultura y de medio ambiente de los estados miembros de la Unión Europea. Pero ha bastado una decisión comercial de la gran multinacional agroquímica y biotecnológica, Monsanto, que con sólo anunciar que ya no tiene interés en seguir comercializando el producto ha conseguido que la Comisión lo retire del mercado.

Breves apuntes de un idilio UE-Monsanto

El maíz transgénico MON 863, una variedad resistente a determinadas plagas de gusanos, tiene una larga historia jurídica en la Unión Europea caracterizada por el hecho de que siempre fue Monsanto quién marcó los tiempos a la Comisión.

Monsanto es una multinacional norteamericana dedicada a la biotecnología aplicada la agricultura y a los agroquímicos. Habitualmente rodeada de polémica –uno de sus productos estrella es el herbicida Round Up, cuyo principal componente, el glifosato, fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos–, es una de las empresas que lidera el mercado mundial de transgénicos. Sólo en la Península, su facturación es de unos 84 millones de euros. Una de las áreas de negocio más importantes para la compañía es precisamente la comercialización de semillas de maíz, que genera un 40 % del total de sus ingresos.

Tras la gris narrativa del artículo referido a la decisión tomada por el ejecutivo se esconde una historia ejemplar de cómo actúan los grupos de interés en el seno de Europa, y de cómo en ocasiones la Comisión prioriza los intereses privados por encima del interés general.

Atendiendo al historial regulatorio del maíz MON 863 según publica el propio Diario Oficial de la Unión Europea, la primera decisión se tomó en 2005. En ella, la Comisión autorizaba el uso de este producto, propiedad de Monsanto, tras investigar sus efectos en ratas, para su uso en alimentación animal. En 2006 la Comisión amplió su autorización, incluyendo el uso para productos destinados al consumo humano, tal como la multinacional había pedido.

En 2007 Monsanto volvió a dirigirse a la Comisión para pedir una renovación de la autorización –que caducaba en 2016- y, tras los preceptivos informes científicos, en 2010 le fue concedida la autorización hasta 2020.

Esta breve relación de entendimiento mutuo en lo relativo al maíz transgénico –Monsanto pide, la Comisión da– llega a su fin de manera amistosa cuando, en junio de 2015, Monsanto anuncia que ya no tiene interés en seguir comercializando su producto y que, en consecuencia, ya no necesita las autorizaciones de la Comisión.

La decisión del pasado 26 de enero deroga las decisiones previas de la Comisión sobre esta cuestión y el maíz transgénico MON 863 pasa a ser historia.

Aunque todos los procedimientos descritos hasta aquí se ajustan al marco legal de la Unión Europea, y aunque tanto Monsanto como la Comisión Europea superaron todos los trámites exigibles, nada oculta el hecho de la decisión final de retirar el producto, tan esperada por muchos, obedece a los criterios comerciales de una empresa privada y a ningún otro. Las voces críticas con el maíz MON863, además, arrojan dudas sobre la idoneidad de la autorización de su comercialización en tierras europeas.

Autorización con reparos

En setiembre de 2002 Monsanto pide autorización a las autoridades alemanas para comercializar su maíz transgénico MON 863 en la Unión Europea, un producto que ya se comercializaba en Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Japón, Corea del Sur, México, Filipinas y Taiwán.

La Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA), analizó los estudios realizados en ratas entregados por Monsanto y, en sintonía con las conclusiones de las autoridades francesa y alemana, concluyó que no existían riesgos para la salud humana.

Sede de la EFSA
Sede de la EFSA (Lucio Rossi, EFSA)

Sin embargo, un grupo científico de la Universidad de Caen (Francia), el Comité por la Investigación Independiente en Ingeniería Genética (CRIIGEN), solicitó acceso a los informes de la autoridad francesa, de los que se reveló la oposición de algunos de sus expertos a la autorización del producto. Según el informe de la autoridad francesa, sus expertos no podían “demostrar la ausencia de riesgos para la salud de los animales”.

En 2005 la Comisión Europea envió sendas propuestas de autorización del maíz MON863 para alimentación animal y para uso alimentario (humano) a los Consejos de la Unión Europea de Ministros de Agricultura y de Medio Ambiente. Ambos Consejos votaron mayoritariamente en contra, algo inédito hasta entonces en las relaciones entre Consejo y Comisión en lo relativo a transgénicos, lo que llevó a la Comisión a tomar la decisión directamente. El uso para alimentación animal quedó autorizado, y al año siguiente, su uso para productos destinados al consumo humano.

A su vez, Greenpeace solicitó los datos del estudio de Monsanto, que obtuvo finalmente tras el fallo de un tribunal alemán que obligó a la multinacional a entregarlos. CRIIGEN realizó un análisis de los datos y descubrió que el estudio presentaba muestras de toxicidad en el hígado y en los riñones de las ratas. La EFSA se reafirmó y consideró que dichos resultados no eran atribuibles al maíz transgénico, además de no ser “biológicamente relevantes”, y los calificó de “fenómenos aislados ocurridos por casualidad, al no estar relacionados ni con la dosis ni con el género de los sujetos”. Esta opinión, que se mantuvo firme durante los años posteriores, llevó a la Comisión a renovar la autorización en 2010 para otros 10 años.

Finalmente, en junio de 2015 Monsanto decide retirar el producto del mercado por razones comerciales ya que, según la propia empresa, “su ciclo de vida se ha acabado y disponemos de productos mejores y más actualizados. Es Monsanto quien pide a la Comisión que retire la autorización”.

Luís Ferreirim, responsable de las campañas contra los transgénicos de Greenpeace, considera que los productos transgénicos cada vez tienen menos mercado en la Unión Europea. “España es uno de los pocos países que los cultiva a una escala importante, pero cada vez más países se cierran a ellos. Además, desde 2013, momento en el que el cultivo de transgénicos alcanzó su pico en la UE, se ha reducido en un 21 % la superficie cultivada con este tipo de semillas. Por otro lado, la mayoría de la ciudadanía europea sigue rechazando los transgénicos”. Es por esta razón, según Greenpeace, que Monsanto se ve empujada a retirar algunos de sus productos del mercado europeo.

Una evaluación de riesgos insuficiente

Bernhard Url, director general de la EFSA se dirigió el pasado 16 de febrero a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo pidiendo más recursos para su agencia. Según el director general, la EFSA no dispone de suficiente presupuesto para llevar a cabo sus propias investigaciones.

De hecho, este es el caso de la evaluación de riesgos que se realizó para el maíz transgénico MON 863, que se basó en el estudio presentado por la propia Monsanto, empresa interesada en su autorización. “Necesitamos estar preparados como asesores de riesgo para la innovación generada por el sector”, agregó Url. “Necesitamos investigaciones dirigidas a cuestiones de seguridad, pero no tenemos el dinero para hacerlo”.

Intervención de Bernhard URL (Parlamento Europeo)
Intervención de Bernhard URL (Parlamento Europeo)

Además, según Ferreirim, las evaluaciones de riesgos realizadas por la EFSA “no dan suficientes garantías. Existe una serie de puertas giratorias entre la EFSA y las empresas de biotecnología”.

Del grupo de expertos que en 2004 dio el visto bueno a los análisis presentados por Monsanto, por lo menos 6 de los veintiún componentes han tenido algún tipo de relación con la compañía.

Según un informe de Corporate Europe, que se dedica a investigar el poder de los ‘lobbies’ en la Unión Europea, algunos de los miembros del grupo de evaluación de riesgos especializado en transgénicos, antes o después de trabajar para la EFSA, han participado en estudios financiados por Monsanto o han colaborado con el ‘think tank’ y lobby biotecnológico International Life Science Institute (ILSI), entre cuyos miembros se encuentra la multinacional.
Es el caso, por ejemplo, del miembro del grupo que examinó los análisis del MON 863, Detlef Bartsch, ex consultor de Monsanto y posteriormente colaborador de otros científicos de la multinacional y del sector biotecnológico.

Howard Davies y Harry Kuiper, también científicos del grupo de la EFSA, en algún momento han recibido fondos de Monsanto o han colaborado con ILSI, y el catalán Pere Puigdomènech, según el Daily Mail, fue codirector de un congreso internacional de biotecnología patrocinado por la multinacional norteamericana. Jeremy Sweet, colaborador de ILSI y Monsanto, y Hans Christer Andersson, habitual ponente en actos organizados por ILSI y otras empresas del sector, formaban también parte del grupo de científicos encargados de evaluar el riesgo de los productos transgénicos cuando se debatió la autorización para Monsanto.

Además, muchos otros expertos de la EFSA han tenido relaciones no sólo con Monsanto sino también con otras multinacionales del sector biotecnológico como BASF, Bayer, Syngenta o Dow.

El Director General de la EFSA, Bernhard Url, explicó el pasado martes al Parlamento Europeo que, además de la falta de presupuesto, su agencia cada vez encuentra a los estados miembros más reacios a ceder personal científico de sus autoridades nacionales para realizar las evaluaciones de riesgo comunitarias.

Mientras la agencia se debate entre la falta de medios financieros y humanos y los intereses cruzados con el sector privado, la innovación científica incesante y las nuevas metodologías introducidas por la industria exigen una respuesta rápida de las autoridades europeas para introducir sus productos en el mercado.

En el pulso que en ocasiones se da entre los intereses comerciales privados y los intereses públicos relacionados con la seguridad y la salud, al menos en el caso del maíz transgénico MON863 de Monsanto, los primeros prevalecieron.

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David M. Guarné

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