El mito de una Europa verde. Los costes de no actuar

Los objetivos fijados por la avanzada legislación europea en materia de medio ambiente, legalmente vinculantes, no se cumplen en la mayoría de casos.

La desobediencia de los estados a la legislación medioambiental cuesta miles de millones de euros a las finanzas públicas.

En marzo de 2013, el Parlamento Europeo aprobó una resolución mediante la cual pedía un mayor compromiso de la Comisión Europea en la adopción de soluciones para la correcta aplicación de la legislación medioambiental comunitaria por parte de los estados miembros. En ella, se hacía hincapié en la capacidad de creación de empleo y de ahorro de costes que tendría para la Unión Europea el hecho de aplicar la regulación medioambiental.

Concretamente, y sólo en el ámbito del tratamiento de residuos, se cifraba en 400.000 puestos de trabajo y en 72.000 millones de euros anuales de ahorro el beneficio de aplicar la ley, cifras que sin lugar a dudas la actual crisis económica en Europa impide obviar. El mismo documento situaba en 90.000 millones de euros anuales para 2020 los costes directos para el medio ambiente y los costes sanitarios de no aplicar la legislación medioambiental.

Para entender la magnitud de estos cálculos, basta con recordar el programa de rescate a Grecia aprobado en verano de 2015 que ascendía a un total de 86.000 millones de euros. Sin embargo, ninguna de las medidas aprobadas en el Memorándum de Entendimiento con Grecia hacía referencia a la total implementación de la legislación medioambiental, aun cuando podría generar tanto empleo y ahorro.

Pérdidas económicas millonarias

La adopción de medidas efectivas para proteger el medio ambiente es una obligación de los tratados pero es, con mucho, el ámbito en el que se producen más infracciones por parte de los estados miembros. El procedimiento de infracción tiene como última instancia el fallo del Tribunal Europeo de Justicia, que puede acarrear una sanción económica al país infractor. Por lo tanto, la no aplicación de la legislación que lleva a las empresas, administraciones y ciudadanos a no cumplir las normativas europeas acaba traduciéndose en un coste adicional para el Estado. Aunque es rara la ocasión en la que el Tribunal impone una sanción económica.

Además de los costes jurídicos, la no aplicación de la legislación conlleva otros tipos de costes, llamados costes externos, que incluyen desde los costes sanitarios hasta la pérdida de cultivos, la degradación de zonas urbanas, la pérdida de productividad y las horas de trabajo perdidas, entre otras variables.

Por ejemplo, según un informe de la propia Comisión Europea en 2012, entre un 20 y un 50 % de los europeos vive en zonas en las que la calidad del aire no cumple los requisitos europeos. Los costes sanitarios derivados de la mala calidad del aire oscilan entre los 330.000 y los 940.000 millones de euros anuales. Otros daños económicos son la pérdida de días trabajados, valorada en unos 15.000 millones de euros y el valor de los cultivos perdidos, unos 3.000 millones. Según la Comisión, cumplir los objetivos de calidad del aire reduciría los costes sanitarios en unos 200.000 millones de euros. Los cálculos asumen también un incremento de la productividad asociado a la mejora de la calidad del aire que crearía alrededor de 110.000 puestos de trabajo. Por si las razones económicas no fueran suficientes, hay que recordar que sólo en 2010 se produjeron en la Unión Europea 406.000 muertes prematuras directamente relacionadas con la calidad del aire.

Smog en Londres (Foto: David Holt, Flickr)

Otros costes externos son el del ahorro perdido en concepto de uso de materiales reciclados, la pérdida de valor de la biodiversidad en términos de contribución al PIB, el gasto excesivo de agua, los efectos de los vertidos ilegales o el impacto sanitario de sustancias químicas tóxicas, entre otros factores.

Otros costes son asumidos directamente por las empresas. Por un lado, según los informes de la UE, la incertidumbre que genera la no implementación de las medidas menoscaba la innovación en las industrias ecológicas, cuyas innovaciones generarían puestos de trabajo y abrirían nuevos mercados a la vez que reducirían los costes de ‘compliance’ o adaptación a las normativas. Según el estudio sobre la legislación relativa al tratamiento a residuos, la completa implementación supondría para la industria unos ingresos de 42.000 millones anuales adicionales. Por otro lado, señalan los informes, el despliegue desigual de la legislación entre los estados miembros distorsiona la competencia al repercutir en las empresas en forma de costes diferentes de ‘compliance’.

Finalmente, los costes de actuación frente a los daños para el medio ambiente superan con mucho los de la prevención, como la limpieza de vertidos ilegales o la recuperación de hábitats destruidos.

Medio ambiente, empleo, ahorro y beneficio

Un estudio sobre el impacto de los programas de ENWORKS, una agencia inglesa que fomenta y financia medidas medioambientales en el sector empresarial, reseña que en el periodo 2007 – 2010 una inversión de 9 millones de libras en este tipo de políticas en el sector privado retornó 178 millones de libras en valor agregado bruto a la economía inglesa.

Otro estudio reseñado por la Comisión Europea, llevado a cabo por la alemana Aachen Foundation, preveía en 2009 que la reducción de un 20 % en el uso de recuros y energía generaría un millón de puestos de trabajo en Alemania, un crecimiento del 12 % del PIB y un retorno a las arcas del estado de 100.000 millones de euros.

A la luz de las diferentes evaluaciones, tanto de instituciones europeas como de otras agencias relacionadas con el medio ambiente, la Unión Europea, al no garantizar la correcta implementación de la legislación medioambiental comunitaria, asume unas pérdidas económicas y unos daños al medio ambiente y a la salud de las personas de una magnitud más que considerable. ¿Por qué?

Según Samuel Martín-Sosa, biólogo y portavoz de Internacional de Ecologistas en acción, “el sector privado se resiste a estos cambios aduciendo unos costes que después resulta que no se dan. La industria sobrestima el coste de actuar, cuando el resultado de la aplicación de las políticas demuestra que se había exagerado sistemáticamente”. Pone como ejemplo las medidas que sí se aplicaron para reducir las emisiones de sustancias que dañan la capa de ozono, recogidas por el protocolo de Montreal de 1987. “Si no se hubieran aplicado, al llegar al año 2065 tendríamos una capa de ozono con un tercio del grosor que tenía en la etapa preindustrial”, explica Martín-Sosa. “En su momento se dijo que iba a tener unos costes brutales, pero se demostró que para algunos de los gases el coste fue 40 veces menor de lo que se había predicho.”

Bruselas es también la capital de los lobbies en Europa. Decenas de miles de abogados y asesores que representan a empresas tratan de influir en los legisladores. Aunque también hay muchas organizaciones no gubernamentales inscritas en los registros públicos de lobistas, las regulaciones a menudo parecen obedecer antes a los intereses de mercado de los sectores privados que al interés público. “Los que elaboran las medidas se dejan llevar por las predicciones de la industria”, prosigue Samuel, “pero hay una larga tradición de datos que contradicen los coste estimados”.

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David M. Guarné

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