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El mito de una Europa verde. Estados que no cumplen

La Comisión Europea no consigue garantizar que los estados implementen y cumplan correctamente la legislación medioambiental.

Los procedimientos de infracción de la Unión Europea tienen poca capacidad disuasoria sobre los estados miembros.

Aunque el cumplimiento de las normativas medioambientales es una obligación del Tratado de la UE, los esfuerzos realizados por los estados miembros por acatarlos y los realizados por las instituciones europeas por vigilar su cumplimiento son poco significativos.

La capacidad de reacción de las instancias comunitarias a la crisis de deuda soberana griega en 2015 o a la amenaza de la salida de Reino Unido de la Unión Europea en este inicio de 2016 demuestran que, cuando Europa ve tambalearse su proyecto, la llamada a filas consigue una respuesta más o menos unánime y eficiente frente al reto planteado. Con la sangrante excepción, claro está, de la crisis de los refugiados.

Sin embargo, pese a que los datos indican que la completa implementación de las medidas medioambientales por parte de los estados miembros arrojaría resultados económicos en magnitudes de primer orden, la realidad es que no ha habido cambios significativos durante casi la última década y todo indica que no va a haberlos.

Medio ambiente, la asignatura maría

Medio ambiente es el ámbito en el que más infracciones se producen a la hora de cumplir la legislación europea. Una quinta parte de los procedimientos de infracción que inicia la Comisión Europea son por incumplimiento o por la no transposición de la legislación medioambiental. Grecia, Italia y España son los países más infractores, aunque el esquema se repite en todos los países: las infracciones se acumulan en el área de medio ambiente.

 

Un ejemplo paradigmático del bajo nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley, incluso cuando se activan todos los mecanismos disponibles para garantizarla, es la sentencia del pasado 25 de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los vertederos ilegales en España. Tras iniciar un procedimiento de infracción en 2007 por la existencia de más de 100 vertederos ilegales en el país, la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal por no haber tomado medidas en la mitad de ellos. Casi 7 años después, la sentencia da la razón a la Comisión Europea y concluye que España incumple la normativa en 30 de los vertederos investigados, al no haber tomado las medidas necesarias para cerrarlos.

La condena, en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, es laxa: emplaza a España a hacer su trabajo y a pagar los gastos del procedimiento. “El artículo 258 es una condena en primera vuelta y tiene un valor meramente declaratorio”, explica Martín-Sosa, portavoz de Internacional de Ecologistas en Acción. “Si aun así, el estado sigue infringiendo, la Comisión puede decidir (y no está obligada a ello) si lleva el procedimiento a segunda vuelta a través del artículo 260, proponiendo una multa económica, y si el Tribunal falla puede condenar a esa multa o a una menor, pero nunca mayor”.

Solo en 2010 la Comisión Europea tuvo que pronunciarse sobre más de 700 procedimientos de infracción en curso en el ámbito del medio ambiente. Aunque la cantidad ha ido bajando, sigue suponiendo el grueso del total de las infracciones. De los 42 nuevos procedimientos por infracción abiertos en 2014 contra España, 9 fueron en el área del medio ambiente.

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Una de las razones que explica este caos en la aplicación de la regulación es que, aunque es la Unión Europea la que fija los objetivos a cumplir en materia medioambiental, son los estados los que deciden los medios con los que alcanzarlos. En muchas ocasiones, la competencia de vigilar su correcta aplicación recae en autoridades regionales o locales, por lo que las diferencias son notables incluso dentro de un mismo país. Además, el gasto presupuestario en materia de medio ambiente varía mucho de un país a otro.

Falta de herramientas

El Parlamento Europeo, en una resolución de 2013, consideraba que la Comisión debería liderar los esfuerzos para garantizar la aplicación de las leyes y lamentaba que “actualmente dicha labor se remita cada vez más a otros organismos que, a menudo, no cuentan con las competencias, el personal o los recursos económicos de la Comisión”.

Una de las necesidades expuestas por los eurodiputados era la de que la legislación europea combatiera las causas del perjuicio medioambiental mediante normas sobre responsabilidad jurídica por daños al medio ambiente y sobre la responsabilidad social de las empresas. La falta de voluntad en la creación de instrumentos para fortalecer la legislación medioambiental queda patente en el recorrido que tuvo la Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, propuesta por la Comisión en 2003, tramitada a ritmos excesivamente relajados, bloqueada por el Consejo durante años y finalmente retirada por la Comisión Juncker en 2014 por ser una “propuesta obsoleta”. El convenio de Aarhus, que la Unión Europea suscribe, obliga a transponer la normativa sobre acceso a la justicia y que serviría para eliminar trabas (sobretodo, económicas) que disuaden a muchas organizaciones de llevar ante la justicia las acciones que se producen contra el medio ambiente.

“En la era Juncker se ha seguido profundizando en el proceso de ‘better regulation’ iniciado por Barroso, que pretendía mejorar la eficiencia legislativa y evitar duplicidades, pero que en realidad redujo la carga de la legislación medioambiental y quitó trabas a la industria”, explica Martín-Sosa.

La recogida de datos, clave para evaluar la implementación y el éxito de las medidas adoptadas, aun no se encuentra bien sistematizada. Un simple paseo por los datos relativos a medio ambiente publicados por Eurostat revela la imposibilidad de realizar análisis exhaustivos que contengan todos los datos de todos los Estados miembros. La Comisión Europea no ha conseguido implementar un sistema efectivo de monitorización y recopilación de datos que permita evaluar y mejorar la consecución de sus objetivos.

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David M. Guarné

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