Bielorrusia y Kazajistán: ¿sanción o tratado?

Las restricciones afectan a cuatro ex altos cargos del gobierno bielorruso, responsables de la desaparición de opositores.

Recientemente el Consejo aprobó la firma de un tratado de cooperación con Kazajistán, otra ex república soviética con deficiencias democráticas.

El Consejo de la Unión Europea publicó el pasado 25 de febrero su decisión de mantener las restricciones contra cuatro personalidades de Bielorrusia. Estas medidas, que suelen basarse en la prohibición de visados y en la inmovilización de capitales y de activos dentro de la Unión Europea de las personas enunciadas, pero que también imponen obligaciones a los estados miembros como la prohibición de suministrar armamento al país afectado, suelen adoptarse por recomendación del alto representante para la política exterior, comúnmente conocido como Mr. PESC -actualmente ostenta este cargo la italiana Federica Mogherini- y suelen motivarlas las violaciones graves de derechos humanos o de los principios democráticos.

En el caso de Bielorrusia las medidas restrictivas que se adoptaron contra su Presidente, Aleksandr Lukashenko, y contra un amplio listado de funcionarios de su gobierno tienen su origen en la vulneración de las normas electorales internacionales -en las elecciones que se celebraron en el país en 2006- y en la represión de la oposición democrática por parte de las fuerzas del gobierno. Lukashenko, Presidente de Bielorrusia, ostenta el cargo desde 1994 tras haber eliminado mediante referéndums la limitación de mandatos y haber ganado sucesivas elecciones poco democráticas desde el punto de vista de los observadores internacionales.

La última modificación del reglamento del Consejo mantiene las restricciones contra los responsables de la desaparición de cuatro opositores del régimen -un ex ministro del Interior, un diputado, un empresario y un periodista-, secuestrados alrededor de los años 1999-2000 y desaparecidos aun hoy. El documento apunta a Uladzimir Navumau, Dzmitry Paulichenka, Viktar Sheiman y Iury Sivakau, altos cargos del gobierno de Lukashenko, como responsables directos de la desaparición de los opositores.

Un criterio flexible

En octubre de 2015 el Consejo de la Unión Europea aprobó la firma de un tratado de cooperación con Kazajistán, otra ex-república soviética con importantes similitudes con Bielorrusia, especialmente en lo concerniente a la calidad democrática y al respeto por los derechos humanos. Aunque en sus primeros artículos, el Consejo de la UE se congratula por el “firme compromiso de las Partes con el fortalecimiento de la promoción, la protección y el cumplimiento de las libertades fundamentales y los derechos humanos, y el respeto de los principios democráticos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza”, la realidad del país resulta menos bucólica.

Nazarbayev es el Presidente desde 1991 y, al igual que el presidente bielorruso, goza de mandatos ilimitados. Ganó las últimas elecciones con un 98 % de los votos. Una resolución del Parlamento Europeo que animaba a las autoridades europeas a colaborar con el país consideraba que “desde hace mucho tiempo Kazajistán restringe derechos civiles y políticos básicos, como la libertad de reunión, de expresión y de religión, que en los dos últimos años se ha producido un deterioro del respeto de las libertades fundamentales, y que en 2012 […] se llevó a cabo una represión manifiesta de personas críticas con el Gobierno“.

El hecho de que la república kazaja encarcele a dirigentes de la oposición, periodistas y abogados en procesos sin garantías llevó al Parlamento Europeo a alentar al país “a que no considere las críticas como amenazas, sino como un instrumento constructivo para mejorar las políticas y la integración”. Una perspectiva muy diferente de la adoptada con respecto a Bielorrusia, aunque también lo es el papel estratégico que desempeña el nuevo socio para los intereses de la Unión Europea.

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David M. Guarné

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